Vender los furgones el que pueda. ésto no tiene arreglo.

El Ministerio de Sanidad se ha concienciado de que mantener una sociedad obesa sale demasiado caro al Estado, por eso ya ha iniciado su particular batalla contra la pandemia. Para empezar han elegido a los más pequeños, porque uno de cada cuatro ya sufre sobrepeso. Han renovado la Ley de Seguridad Alimentaria y la han enviado al Congreso para que dé su aprobación. Incluyen medidas que afectarán a los menús de cadenas de comida rápida y restringirá el acceso de bollos y refrescos en las aulas. Internet también se llevará sus palos: nada de anuncios de refrescos, dulces o hamburguesas en redes sociales como Tuenti o Facebook. Es una guerra similar a la que se declaró en su día al tabaco. Y Sanidad no quiere perderla.



El Ministerio ha alegado que los cambios en las preferencias de consumo alimentario y en la nutrición de los españoles plantean problemas nuevos que exigen soluciones legislativas también nuevas. Para invertir la tendencia ascendente de la obesidad (la tasa de obesidad infantil se traduce en que los costes asociados suman 2.500 millones de euros anuales, el 7% del gasto sanitario total) la nueva Ley contempla medidas especiales, particularmente en el ámbito escolar.



Los niños se quedarán sin chocolatinas ni refrescos en los colegios. Uno de los artículos de la ley dice que se prohibirá “la venta de alimentos con alto contenido en ácidos grasos saturados, sal y azúcares sencillos mediante máquinas expendedoras o en cantinas, bares o locales similares situados en el interior de los centros escolares”. Los mismos centros educativos enviarán a los padres una carta en la que se disponga de forma legible el menú que comerán sus hijos. “Incluirá, además, las calorías y nutrientes principales de las comidas de las bebidas”. A las autoridades pertinentes se les pide que elaboren menús equilibrados y sanos.



Además, McDonalds no podrá obsequiar con un regalito al niño que consuma un Happy Meal. Otra disposición de la Ley prohibirá la entrega de “premios, regalos, obsequios, bonificaciones o similares como métodos vinculados a la promoción o venta de alimentos”. Las compañías afectadas, que ponen el grito en el cielo, todavía no quieren prestar ningún tipo de declaración hasta que las nuevas medidas de la Ley no se aprueben. Sanidad alega que el único objetivo es “proteger a los menores de una excesiva presión comercial”.



Las restricciones también entran en casa: "Queda prohibida también la aportación de testimonios de profesionales, sanitarios, personas famosas o conocidas por el público como medio de inducción al consumo". Así que Susana Grisso ya no le animará a tomar más Actimel.